COMERCIO ELECTRONICO: SEGURIDAD Y SISTEMAS DE PAGO EN

LA RED


3.4   Recomendaciones sobre los sistemas de pago en la Union Europea

IP/97/626 Bruselas, 9 de julio de 1997

La Comisión ha adoptado una Recomendación dirigida a los Estados miembros y a los emisores de medios de pago electrónicos en la que se definen las normas mínimas en materia de transparencia, responsabilidad y vías de recurso aplicables a tales medios de pago. La Recomendación se aplicará a los medios de pago de acceso a distancia a una cuenta bancaria (tarjetas de pago tradicionales y servicios bancarios a domicilio (por ordenador o por teléfono)) y a los productos de dinero electrónico (tarjetas prepagadas y ciberdinero). A finales de 1998, la Comisión examinará la aplicación de esta Recomendación y, si considera que su aplicación es insuficiente, la sustituirá por un instrumento más vinculante. Esta Recomendación, que sustituye y completa la adoptada en 1988 sobre el mismo tema, forma parte de una Comunicación de la Comisión en la que se describen todas las medidas que han de adoptarse para impulsar la confianza de los usuarios en los medios de pago dentro del mercado único.

La Comunicación sobre los medios de pago electrónicos, adoptada por la Comisión a iniciativa de Mario MONTI y Emma BONINO, miembros de la Comisión responsables de los servicios financieros y de la política de consumidores, respectivamente, es continuación de dos comunicaciones de la Comisión, una sobre el comercio electrónico (véase IP/97/313) y otra denominada "Servicios financieros: cómo impulsar la confianza de los consumidores" (véase IP/97/566). Ofrece un enfoque más amplio e integrado cuyo objetivo es desarrollar sistemas de pago electrónicos que sean al mismo tiempo fiables, fáciles de usar, eficaces y seguros en beneficio de todos.

"La confianza del cliente en los medios de pago electrónicos dentro del mercado único es vital para la creación de la sociedad de la información y para el desarrollo del comercio electrónico", ha subrayado M. Monti. "Además, la existencia de sistemas de pago electrónicos transparentes y fiables facilitará el paso hacia la moneda única, sobre todo en la fase de transición. Este es el motivo por el cual se ha dado un plazo de aplicación que finalizará el 31.12.1998."

"Gracias a esta iniciativa, hemos respetado el compromiso contraído, que consiste en desarrollar la dimensión de la protección de los consumidores en el ámbito de los servicios financieros", ha añadido Emma Bonino. "Nuestra respuesta es sencilla: la Recomendación fija un conjunto de exigencias mínimas que se deberán respetar en relación con los medios de pago electrónicos. Es nuestro deseo que se apliquen de aquí a finales de 1998." La Sra. Bonino ha asegurado estar convencida de que "el sector financiero aplicará voluntariamente estas exigencias, lo cual vendrá a confirmar la validez de la opción de la Recomendación. De lo contrario, la Comisión se vería obligada a proponer una Directiva

." Mario Monti y Emma Bonino han confirmado que van a supervisar de cerca la aplicación de esta iniciativa y evaluar los resultados obtenidos de cara al objetivo de responder adecuadamente a las necesidades y expectativas de los clientes.

La Recomendación modifica y completa la adoptada en 1988 sobre las tarjetas de pago. Este nuevo texto se refiere a las operaciones efectuadas con medios de pago electrónicos, estableciendo las exigencias básicas aplicables a la relación entre emisores y usuarios de tales medios de pago. Los instrumentos que quedan cubiertos por la Recomendación son los siguientes:

los productos "de acceso a una cuenta bancaria", los instrumentos que permiten acceder a distancia a cuentas mantenidas en instituciones financieras, generalmente bancos. Esta categoría incluye aplicaciones como los servicios bancarios a domicilio (por ordenador o por teléfono) y las tarjetas de pago;
los productos de "dinero electrónico", los instrumentos que almacenan un valor monetario en un soporte, banda magnética, tarjeta inteligente o memoria de ordenador (dinero electrónico o ciberdinero).

El objetivo de la Recomendación consiste en impulsar la confianza de los usuarios en los medios de pago electrónicos gracias a:

una información clara a la clientela, tanto antes (cláusulas contractuales) como después (extractos) de las operaciones;
un reparto equitativo de las obligaciones y responsabilidades respectivas, de modo que la responsabilidad recaiga sobre la parte más indicada para resolver el problema de que se trate;
un acceso a vías de recurso sencillas y eficaces

En un plazo que finalizará el 31.12.1998, la Comisión insta:

- a los emisores de medios de pago electrónico a que desarrollen sus actividades en consonancia con las disposiciones de la nueva Recomendación;

- a los Estados miembros a que, conforme a lo dispuesto en la Recomendación, velen por la introducción de mecanismos adecuados y eficaces para resolver los litigios entre emisores y usuarios.

La Comisión hará un seguimiento riguroso de los avances que se logren desde la fecha de adopción de la nueva Recomendación hasta finales de 1998. Entonces, llevará a cabo un estudio de evaluación de su grado de aplicación. Si los resultados no le parecen satisfactorios, la Comisión propondrá una Directiva al respecto.

El enfoque de la Comisión

La Recomendación es la primera etapa en el camino hacia un enfoque integrado más amplio cuyo objetivo final es favorecer el desarrollo de sistemas de pago electrónicos fiables, fáciles de usar, eficaces y seguros, en beneficio de todas las partes involucradas. Este enfoque tendrá la siguiente finalidad:

i) definir un marco de supervisión cautelar para la emisión de e-dinero, de forma que queden garantizadas la estabilidad y la solidez de los emisores;

Dado que el dinero electrónico puede utilizarse como medio de pago de una amplia gama de productos y servicios, la Comisión, el Instituto Monetario Europeo (IME) y los Estados miembros están colaborando actualmente en la elaboración de un marco de supervisión cautelar para la emisión de dinero electrónico, con el fin de garantizar la estabilidad y la solidez de los emisores y, de esta forma, salvaguardar los intereses de los clientes. Sobre la base de esta colaboración, la Comisión tiene previsto presentar, hacia finales de 1997 (fecha prevista para la culminación de esta colaboración), una propuesta de directiva que establezca las exigencias aplicables a los emisores de productos de dinero electrónico.

ii) precisar las condiciones de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia en este ámbito.

Ante el objetivo de desarrollar un verdadero mercado único, los medios de pago electrónicos han de ser "interoperables". En otros términos, los medios emitidos / aceptados por una determinada institución (o en un determinado Estado miembro) serían tanto más útiles para la clientela y más eficaces cuanto más se utilizaran. La compatibilidad entre sistemas de pago electrónicos, que interesa tanto a los usuarios como a las empresas, dependerá sobre todo de los acuerdos entre operadores. Tales acuerdos deberán respetar las normas comunitarias sobre competencia. Con el fin de proporcionar indicaciones al respecto, en 1998 la Comisión publicará una Comunicación en la que se precisarán las modalidades de aplicación de las normas de competencia a los medios de pago electrónicos.

iii) y prevenir los riesgos de utilización fraudulenta y falsificación elevando el grado de seguridad

Los medios de pago deben ofrecer las garantías necesarias para que no puedan utilizarse para fines ilícitos o en relación con actividades ilícitas. En cuanto a la seguridad técnica, es importante que se busquen soluciones que se plasmen en unos sistemas de pago electrónicos lo más seguros posible, sobre todo mediante el desarrollo de mecanismos adecuados de codificación, firma electrónica o cualquier otra técnica similar. Corresponde ante todo a los prestadores de servicios cumplir esta tarea. Pero existe una segunda posibilidad de elevar el grado de seguridad, que consiste en el recurso a instrumentos jurídicos adecuados, sobre todo en el ámbito del derecho penal. Reconociendo la importancia de estas preocupaciones, el Consejo Europeo de Amsterdam ha adoptado un plan de acción contra el crimen organizado, en el que se invita al Consejo y la Comisión a resolver, antes de finales de 1998, los problemas de fraude y falsificaciones que afectan a los medios de pago, incluidos los electrónicos. Para satisfacer esta petición, la Comisión va a examinar la conveniencia de adoptar una iniciativa en este ámbito.

Antecedentes

Diez años después de la primera Comunicación de la Comisión relativa a los medios de pago (enero de 1987), la utilización de tarjetas de pago se ha extendido enormemente. Hoy en día, representan una proporción nada desdeñable del mercado de los medios de pago. La utilización de medios de pago distintos al pago en efectivo ha tenido un auge impresionante. Por ejemplo, el número de pagos con tarjeta por habitante pasó de 7 en 1990 a 14 en 1995 (CE=12). En cuanto a la proporción que representan con respecto al total de operaciones de pago, pasó del 9% en 1990 al 13,5% en 1995.

Desde la adopción de la Comunicación de 1987, se han ido introduciendo progresivamente nuevos métodos de pago:

- los productos "de acceso a una cuenta bancaria", los instrumentos que permiten acceder a distancia a cuentas mantenidas en instituciones financieras, generalmente bancos. Esta categoría incluye aplicaciones como los servicios bancarios a domicilio (por ordenador o por teléfono) y las tarjetas de pago;

- los productos de "dinero electrónico", los instrumentos que almacenan un valor monetario en un soporte, banda magnética, tarjeta inteligente o memoria de ordenador (dinero electrónico o ciberdinero).

Se espera que de aquí al final del próximo decenio, una parte significativa del comercio minorista se efectúe a través de Internet. Cuanto mayor sea el número de bienes y servicios que se ofrezcan a distancia por medios electrónicos, mayor será la presión competitiva sobre los prestadores para que pongan a disposición de los usuarios unos medios de pago seguros, eficaces y fáciles de usar.

La Recomendación de la Comisión de 1988 definía un conjunto de normas mínimas aplicables a la relación entre emisores y titulares de tarjetas de pago u otros medios de pago. Ahora, se considera que ha llegado el momento de revisar la Recomendación por dos motivos:

En primer lugar, las partes interesadas han expresado su preocupación en torno a varios aspectos:

- el alcance de las responsabilidades respectivas de las partes en caso de pérdida o robo del medio de pago, así como la cuestión de la carga de la prueba en caso de litigio;

- la necesidad de una cobertura más adecuada de los servicios bancarios a domicilio (por teléfono o por ordenador) y las tarjetas prepagadas;

- más en general, la puesta a disposición de los clientes de una información detallada sobre todos los medios de pago existentes y sobre procedimientos de recurso eficaces.

1 "Una nueva baza para Europa: las tarjetas de pago electrónicas". Comunicación al Consejo, COM(86) 754, de 12 de enero de 1987.

2 Véase "Les systèmes de paiement dans les États membres de la CE". Comité de Gobernadores de los bancos centrales de los Estados miembros de la Comunidad Europea, septiembre de 1992. Livre bleu sur les systèmes de paiement dans l´Union européenne, Instituto Monetario Europeo, abril de 1996. Addendum au Livre bleu pour 1995.

En segundo lugar, desde la adopción de la Recomendación de 1988 se ha desarrollado una generación de productos completamente nuevos (sobre todo, productos de dinero electrónico). El dinero electrónico aún se encuentra en una fase de desarrollo relativamente temprana; por tanto, es importante velar por que no se impongan exigencias administrativas excesivas que frenen este desarrollo desde el principio. A tal fin, la Recomendación actualizada cubre únicamente los productos de dinero electrónico recargables con respecto a los cuales, por sus características - sobre todo por su relación potencial con la cuenta del cliente -, hay una mayor necesidad de protección del cliente.

Asimismo, la Comisión ha decidido que los productos de dinero electrónico sólo quedarán sujetos a las normas de aplicación más directa (sobre todo, transparencia ex ante, un conjunto mínimo de obligaciones en materia de responsabilidad y determinadas disposiciones sobre procedimientos de recurso).


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